Cajas de seguridad: el Estado sólo puede allanarlas si un
juez lo autoriza
El contenido está protegido por la Constitución y sólo se
pueden abrir mediante allanamiento por orden judicial. El BCRA puede llegar
hasta la titularidad
Pese a los rumores sobre las posibilidades de la AFIP de
escanear los contenidos de las cajas de seguridad o las declaraciones del
presidente de la UIF que trató de desestabilizadores a los dólares guardados en
ellas por estar encajonados, los cofres están protegidos por la Constitución
Nacional y el Estado sólo puede acceder a ellos previa denuncia o embargo que
habilite a un juez a autorizar un allanamiento.
Así lo afirmaron los abogados consultados por El Cronista,
que agregaron que el Banco Central (BCRA) y la AFIP sí pueden conocer los
nombres de los titulares de las cajas, en el marco de los controles permanentes
que realiza la entidad monetaria sobre el sector por la ley de entidades
financieras y el organismo recaudador, por la ley penal tributaria.
La preocupación de las personas que alquilan cajas de
seguridad es palpable y más aún en el contexto de blanqueo de capitales que
está lanzando el gobierno, y porque no hay una norma que regule específicamente
este servicio bancario más allá de la protección sobre la propiedad privada.
El contenido de los cofres está protegido por la
Constitución Nacional en su artículo 17 ("La propiedad es inviolable?) y
18 (?El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y
los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué
justificativos podrá procederse a su allanamiento").
"Todas las normas exigen que para hacer un allanamiento
se requiera que un juez lo ordene, sino cualquier funcionario público se te
podría meter en tu caja", explicó un abogado especializado en temas
bancarios. "Para allanar, abrir o entrar en la propiedad privada, se
necesita una orden judicial que venga en función de una denuncia por evasión,
lavado de activos u otro delito; es como que entren en tu casa". El
artículo 14 de la ley 25.246, de lavado de activos, así se lo impone a la UIF.
La misma orden de allanamiento -según indica el Código
Procesal Penal, desde el artículo 224 al 228- rige para pisar la bóveda del
banco donde se encuentran apilados los cofres.
Se estima que existen unos u$s 40.000 millones ahorrados en
las cajas de seguridad. Pero la gente también guarda elementos de valor
sentimental o documentos.
Quien puede llegar a conocer la titularidad de los cajas, si
es que ya no las conoce, es el BCRA. Gracias a sus facultades de inspección
bancaria, y porque no rige sobre ellas el secreto bancario, la entidad puede
solicitar esos datos con una simple nota a lo bancos. "El BCRA tiene
facultades para supervisar los nombres de las personas que tienen caja de
seguridad. En el marco de un control del banco, puede pedir los contratos con
la contraparte y los bancos no pueden negarse. Esa inspección puede darse en
forma permanente, tanto por el BCRA como por la AFIP", dijo otro letrado.
El organismo recaudador puede librar un oficio contra una
persona que esté investigando por evasión tributaria.
El servicio de las cajas de seguridad no está hoy regulado
porque es un negocio que no afecta al sistema financiero, como el retiro de
depósitos que puede hacer quebrar a un banco. Se trata de un espacio que el
banco alquila a cambio de un mínimo de $200 mensuales.
Si de todas formas el gobierno decidiera a confiscar las
cajas de seguridad, además de la sanción social, los abogados esperarían un mar
de amparos y medidas cautelares, ya que los jueces tratarían de proteger esos
bienes. La dinámica es difícil de prever, porque el procedimiento sería nulo,
pero la AFIP se puede quedar con el 60% entre intereses y multas.
Fuente: El Cronista - miércoles, 22 de mayo de 2013
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